El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió este miércoles al artículo que incluirá el Ministerio de Economía y Finanzas en el proyecto de ley del Presupuesto para cobrar IVA a las compras que se realizan en plataformas online fuera de Estados Unidos, tales como Temu. Si bien reconoció que “es verdad” que en campaña electoral la fuerza política “prometió” no subir o agregar impuestos, Pereira aseguró que el gravamen a Temu “es necesario” porque es por una “cuestión de competitividad”. “Es competencia desleal: yo compro por una plataforma que no paga flete y no paga IVA, y si voy al barrio de Arenal Grande [barrio Reus] tengo que pagar IVA. Es una decisión bien tomada para proteger el empleo uruguayo”, afirmó en una entrevista en el programa Sin piedad (VTV). Consultado sobre si considera que el IVA es un tributo “injusto”, Pereira respondió que “todos pueden considerar” que “el impuesto que pagan es injusto”. “Nosotros hemos construido justicia tributaria. No te olvides que en 2007 Uruguay tenía aportes directos de los sueldos como si todos tuvieran el mismo, y ahora paga más el que gana más”, señaló. “El conjunto de reformas tributarias que hizo el contador Danilo Astori en el primer gobierno de Tabaré Vázquez implicó duplicar el presupuesto educativo y que generamos un gasto en salud como nunca antes. Entonces, no es que venimos de ser chicos en la reforma tributaria”, sumó. Preguntado sobre la no discusión por parte del Poder Ejecutivo de la propuesta del Pit-Cnt de gravar al 1% de la población más rica, Pereira argumentó que el debate sobre los impuestos “lleva tiempo”. “¿Vos crees que una reforma tributaria es decir: ‘Voy a colocar este impuesto de esta manera y no voy a medir ningún impacto’?”, finalizó.

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informó este jueves 28 de agosto la detección de un foco de varicela en la Unidad Nº 7 de Canelones, lo que llevó a las autoridades a aplicar medidas sanitarias para evitar la propagación del virus dentro del establecimiento. Según un comunicado oficial, se procedió al aislamiento de la población del Sector A del Módulo 2 y durante los próximos 15 días no habrá ingresos ni traslados, con el fin de evitar la dispersión de posibles focos. Además, el INR indicó que se realiza un seguimiento de las personas que fueron trasladadas en los últimos 21 días. Con respecto a las visitas, el Sector A del Módulo 2 permanecerá cerrado durante 30 días. Además, se aclara que en caso de registrarse un nuevo caso, la restricción se extenderá hasta completar los 21 días desde el último caso, de acuerdo con la recomendación del Ministerio de Salud Pública (MSP). La paquetería funcionará con normalidad y se sumará el día de visita que correspondía a los internos del sector afectado. Para el resto de la unidad, el MSP dispuso que no se permitirá el ingreso de mujeres embarazadas, niños menores de un año, adultos mayores de 60 años y personas inmunodeprimidas. El próximo 29 de agosto desde la hora 08:30 horas, la Intendencia de Canelones, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, realizará una jornada de vacunación en la que se aplicarán 200 dosis. El operativo estará dirigido a 185 personas privadas de libertad y funcionarios que no hayan recibido la vacuna anteriormente. El INR precisó que se excluyen las personas mayores de 50 años, por haber recibido la vacuna o haber cursado la enfermedad.

Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, socios del estudio jurídico que defiende a Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, en el caso de la estafa millonaria de Conexión Ganadera, salieron al cruce del abogado Juan Pablo Decia, quien anunció que presentará una solicitud para que ella pase a cumplir prisión preventiva en la cárcel y no en su domicilio. Desde la cuenta oficial de X del bufete, los penalistas citaron una declaración de Decia publicada por el periodista Eduardo Preve y aseguraron que, de ser “cierto el entrecomillado”, su colega “debería repasar” el Código del Proceso Penal y “algún que otro manual al respecto”. Según los defensores de Cabral, debido a los artículos 221, 222 y 224 de la norma que rige para asegurar las garantías de una causa, la víctima “no tiene facultades para requerir o modificar” medidas cautelares sobre la “libertad ambulatoria de los imputados”. “Las opciones saltan a la vista: o bien exhibe un desconocimiento enciclopédico de elementales normas procesales o, lo que es peor, sus declaraciones representan el punto de partida de un nuevo intento de presión indebida a la labor de la Fiscalía y del Poder Judicial”, agregaron. Donnángelo y Sasson consideraron que, si bien no comparten “en absoluto” la valoración que tiene la Fiscalía de Delitos Económicos que encabeza Enrique Rodríguez sobre Cabral, reconocieron y destacaron su “trabajo honesto y dedicado”. “La discusión jurídica debe darse con altura”, finalizaron. Por su parte, Decia argumentó: “Nos preocupa el hecho de que la prisión preventiva esté siendo cumplida en condiciones de lujo porque esas medidas cautelares se descuentan de la condena que les recaiga, y no es correcto que se cumpla una condena por un delito de estafa sostenido en el tiempo, con la dimensión que tiene para la economía y con el daño que se generó, en un apartamento de lujo en Punta del Este”. El abogado sumó que “incluso es preferible que se le levante la medida cautelar de prisión domiciliaria a las dos señoras [Cabral y Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco] y que, cuando se dicte la condena, que cumpla al 100% en un establecimiento carcelario, como corresponde”. *** Foto: Focouy

Una serie de hechos desafortunados ocurrieron en la madrugada de este viernes en Ciudad del Plata, en el departamento de San José, que tuvieron su origen en una llamada al servicio de emergencia de la Policía. Según se informó, una mujer llamó al 911 y relató que estaba siendo perseguida y amenazada por una expareja, quien aparentemente tenía un arma de fuego. Efectivos a bordo de un patrullero escucharon la denuncia y partieron rumbo al lugar a toda velocidad. En determinado momento, el conductor perdió el control del vehículo en una curva en las calles Los Eucaliptus y General Artigas. El auto ingresó a un predio, chocó de frente contra una pared —que se derrumbó— de una vivienda y quedó dentro de una habitación. Allí se encontraban durmiendo dos hermanos octogenarios: uno de ellos resultó ileso y el otro quedó atrapado entre el auto y los escombros y sufrió un corte en la cara. El anciano tuvo que ser trasladado a un centro de salud cercano, donde fue diagnosticado con politraumatismos y una herida cortante en la mandíbula, y pocas horas después recibió el alta. Ninguno de los policías a bordo del patrullero resultó lesionado. El conductor fue sometido a una espirometría, que dio negativo, y la fiscal Dahiana Padilla los citó para tomarles declaración. Además, solicitó analizar las cámaras de videovigilancia de la zona.

Dos camionetas colisionaron frontalmente en el departamento de Colonia, resultando en el fallecimiento de ambos conductores en el acto. El siniestro tuvo lugar aproximadamente a las 16:00 horas en el kilómetro 66 de la Ruta 12, específicamente en la zona de Ombúes de Lavalle. Según la información inicial proporcionada por Policía Caminera, las víctimas eran hombres mayores de edad. "Ambos conducían solos sus respectivos vehículos," declaró un oficial en el lugar del incidente. Las autoridades se encuentran trabajando intensamente en el sitio para determinar las causas exactas que llevaron al choque frontal. La Ruta 12 permanece totalmente obstruida al tráfico mientras se llevan a cabo las tareas de investigación y remoción de los vehículos siniestrados. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas y mantenerse informados sobre la reapertura de la vía.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) logró alcanzar finalmente un acuerdo con el Poder Ejecutivo por la negociación colectiva en el marco de la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto. Los funcionarios estatales ratificaron en asamblea lo que se había preacordado con las autoridades de gobierno en la mañana de este viernes 29, tras varias idas y vueltas en torno al tema. El secretario general del sindicato, Joselo López, indicó que tenían “una expectativa mayor” con respecto a lo que finalmente se pactó. “Pretendíamos en este primer año ya empezar a recuperar salario y tener un incremento que permitiera absorber las pérdidas que habíamos tenido en el período anterior”, sostuvo y añadió que no pudieron tener el incremento por encima de la inflación que hubieran querido. “Esa situación no se dio porque el gobierno entendió que las restricciones desde el punto de vista presupuestal que tenía hacían que no se podía llegar al crecimiento salarial, porque si no eso le generaba un problema en el espacio fiscal definido”, explicó el dirigente sindical. De todas maneras, López valoró que “hay un incremento importante” entre lo que el gobierno puso sobre la mesa inicialmente y lo que se terminó acordando. “Es más del doble de lo que empezamos a negociar”, manifestó. Por otro lado, ambos actores también llegaron a un acuerdo —que la asamblea de COFE ratificó— en lo que respecta a las modificaciones al régimen de licencias médicas planteadas por el gobierno anterior, luego del preacuerdo que se había alcanzado el martes. Sin embargo, López acotó que “falta una cuestión fundamental” en este aspecto, y es que el Parlamento apruebe las modificaciones que se le van a hacer a la ley. “Lo que acordamos es que, por ahora, se notifica a la OIT [Organización Internacional del Trabajo] de que el plazo establecido queda en suspenso, pero en caso de que no se consigan los votos en el Parlamento se pedirá a la OIT que actúe en consecuencia”, alertó el secretario general de COFE. Por el contrario, si esa propuesta se ratifica “se daría por laudado el tema de las licencias médicas”, concluyó. El reclamo, presentado en 2024 durante la pasada Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, cuestiona los cambios en el régimen de certificaciones médicas en el sector público, vigentes desde el 1º de abril de 2024. La norma establece que los trabajadores estatales solo podrán percibir su sueldo completo durante nueve días hábiles en todo el año si se certifican. Luego, tienen derecho a percibir el 75% de su remuneración por parte del ente que los emplee. Los denunciantes hablan de que la ley consiste en “una medida de ajuste grave en los derechos sociales de los trabajadores públicos” y que los artículos referidos “son ostensiblemente inconstitucionales”.

Un hombre de 40 años cumplirá prisión domiciliaria con tobillera electrónica hasta el 18 de diciembre. La medida se dispuso tras un incidente ocurrido en la intersección de avenida Luis Alberto de Herrera y Monte Caseros, alrededor de las 23:00 horas. El individuo, un militar, cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad y colisionó contra una camioneta que transportaba cinco pasajeros. Tras el impacto, no asistió a las víctimas e incluso intentó robar la camioneta siniestrada. Según los informes, el militar golpeó al conductor de la camioneta, mientras que los pasajeros sufrieron heridas de gravedad. Tres de ellos debieron ser derivados a CTI, aunque afortunadamente lograron recuperarse y fueron dados de alta. Se ha confirmado que el militar no tiene antecedentes penales.

El fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez, quien lidera la investigación del caso de la estafa millonaria de Conexión Ganadera, volverá a citar a declarar a Ana Iewdiukow, socia de la empresa y esposa de Pablo Carrasco, quien se encuentra imputado por estafa y cumpliendo prisión domiciliaria. Esta novedad en la causa fue adelantada por el abogado Leonardo Costa, representante de varias personas damnificadas por el desfalco de la empresa, tras una reunión con el magistrado este viernes. "Tuve la oportunidad de reunirme con el fiscal Rodríguez y me comentó avances de la investigación. Hay nuevos indicios y nueva información financiera superveniente a la audiencia de formalización en julio que dan cuenta de que se va a volver a citar a Iewdiukow a declarar en Fiscalía", afirmó el penalista en diálogo con Subrayado (Canal 10). Costa indicó que, aunque el fiscal no precisó la fecha de esta nueva instancia, se espera que ocurra la semana entrante. "Eventualmente, pueden llegar a haber modificaciones en la formalización", agregó. "Quiero destacar el trabajo de la fiscalía de Enrique Rodríguez en esta investigación nueva que se hizo con información superveniente, porque, de alguna manera, da cumplimiento a la palabra que él dijo en la audiencia de julio sobre que se iba a seguir trabajando y me da la impresión de que vamos a tener novedades próximamente", concluyó Costa.

Tres personas más fueron imputadas en relación con la explosión de un cajero automático en Carrasco, incidente ocurrido el pasado 5 de agosto. Por este caso, ya existían siete personas imputadas previamente. Según informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, en la noche del viernes 29 se formalizó la investigación con respecto a tres personas adicionales. Dos de ellas fueron imputadas por los delitos de asociación para delinquir y receptación. "Lo que hicieron fue intentar ‘blanquear’ los billetes entintados en distintos casinos," sostuvo Benech. Ambas personas cumplen prisión domiciliaria total como medida cautelar. La tercera persona fue imputada por asociación para delinquir y coautoría de un delito de estrago y hurto especialmente agravado. En este caso, la medida cautelar impuesta es la prisión preventiva.

A más de dos meses del inicio del conflicto que atraviesa el sector de la pesca, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay denunció en redes sociales que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) hace ingresar a algunos tripulantes a barcos únicamente con el fin de generar “hechos de violencia”. En el marco de un conflicto en el que las reuniones tripartitas no prosperan, la CIPU compartió un video que muestra una pelea a golpes de puño entre dos hombres jóvenes arriba de una de las embarcaciones. Mediante un extenso posteo en su cuenta de X, la cámara informó que mantuvo una reunión con la directora de la Dinara, quien les informó que a último momento había invitado al ministro de Trabajo, Juan Castillo, y al subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula. “La reunión derivó en una agenda que no era la original, pero fue muy positiva para hacer un balance del conflicto y acordar trabajar juntos, las cámaras empresariales y los diferentes organismos involucrados, en los cambios que el sector precisa”, señala el comunicado. La CIPU afirmó que en dicho encuentro sus representantes “desmintieron denuncias falsas” que el Ministerio de Trabajo había recibido y “compartieron pruebas de hechos de violencia que se han dado con algunos tripulantes”, que no forman “parte del rol de ningún barco” y son ingresados al puerto por el sindicato para “solo para provocar grescas”. “Teniendo en cuenta todo lo sucedido en torno al conflicto, las empresas dejamos claro en la reunión que, en el capítulo de la refundación la pesca que refiere a las relaciones laborales, no será posible trabajar con la actual dirigencia del Suntma, con quien por lo que han provocado, la confianza está absolutamente quebrada”, agrega la comunicación.
Crédito fotográfico: capturas video CIPU