La Intendencia de Montevideo (IM) comenzó este lunes 17 de noviembre a aplicar multas a vehículos estacionados en veredas o bicisendas de la capital. El gobierno departamental capitalino inició el pasado 15 de octubre una campaña informativa, liderada por inspectores de tránsito, con el fin de concientizar a los ciudadanos de Montevideo e informar sobre el funcionamiento de la normativa y su fiscalización. La multa tendrá un valor de tres unidades reajustables ($ 5.515). Además, la IM realizará control sobre el estacionamiento en bicicletas y senderos peatonales. La fiscalización se aplicará en las veredas con un ancho menor a cinco metros, donde la Intendencia realizará un control estricto del cumplimiento de la normativa vigente, que incluye también las sendas de acceso a garajes en veredas con un ancho menor a 5 metros o estacionamientos. En cuanto a las veredas de mayor tamaño, el foco del gobierno departamental estará puesto en garantizar la libre circulación peatonal y la accesibilidad, observando que se mantenga una distancia mínima de dos metros entre los vehículos estacionados y la línea de propiedad del padrón. "El empleo de veredas y sendas peatonales para estacionar vehículos ocasiona problemas de seguridad vial, equidad y razonabilidad en el uso del espacio", explicó la IM en una publicación en su portal de noticias. A fines de setiembre de este año, la administración de Mario Bergara en la IM planteó 16 nuevas medidas en el tránsito de la capital, que buscan mejorar la movilidad urbana. Estas incluyen aumento de radares, cambios en el tránsito, en el estacionamiento, en la fiscalización y en los semáforos. El director de Movilidad, Germán Benítez, detalló en aquel entonces que la mitad de las 16 acciones tienen que ver con "mejoras en los esquemas de fiscalización —tanto del estacionamiento como del carril solo bus y de la fiscalización del estacionamiento en veredas—", mientras que la otra con "ordenamiento y de adaptación". En ese sentido, el jerarca municipal señaló que la IM prevé corregir el estacionamiento en zonas con grandes densidades de tráfico de acuerdo con el sentido del flujo de los vehículos, así como también prohibir estacionar en la dirección de ingreso al Centro de Montevideo entre las 7:00 y las 14:00 y en la de salida de 14:00 a 20:00. Otra de las acciones tuvo que ver con nuevas ubicaciones para los radares que fiscalizan a quienes exceden los límites de velocidad previstos por la comuna capitalina. Además, la comuna capitalina cambiará el eje de las calles José Ellauri, Comercio y General Rondeau. "Vamos a hacer el corrimiento del eje para dar un sentido más de circulación en aquellos sentidos que son más intensivos", precisó el jerarca. La IM prevé cambios en la dinámica semafórica que pueden contribuir a reducir tiempos inactivos en los traslados nocturnos, sin perder condiciones de seguridad vial. En ese sentido, también aumentará de 159 a 299 los cruces con planes nocturnos específicos, acotando tiempos de espera en cada ciclo semafórico. En ambos casos, las modificaciones se darán entre 23:30 y 5:30.

Cerca de unas 3.000 vacas procedentes de Uruguay, que estuvieron tres semanas bloqueadas a bordo de un carguero frente a las costas de Turquía debido a la falta de certificados sanitarios y comerciales en regla, regresan a Montevideo. Ante esta situación, la Plataforma Animalista —un colectivo que reúne a más de 30 organizaciones de protección animal de todo el país— volvió a pedir la prohibición del ganado en pie. Entre ellas, Kokar señaló “problemas”, como la situación de las vacas uruguayas en el buque de bandera togolesa, “donde los animales mueren agonizando”. Desde Plataforma Animalista cuestionan el “sufrimiento” de los animales durante el transporte, ya que “los viajes en barco suelen durar semanas, con hacinamiento, calor extremo y falta de ventilación”. “Esto genera estrés, enfermedades y altas tasas de mortalidad”, dijo Kokar, quien pidió que se “termine esta crueldad”. Plataforma Animalista sostuvo que los animales “son seres sintientes y no cosas”. En esa línea, la agrupación de colectivos indicó que el ganado en pie “vulnera los principios básicos de respeto y dignidad hacia los animales”. “levantado más comida para los animales”. “Capaz que cargaron a la embarcación con alguna categoría que no tenía los certificados, porque a los exportadores se les dan los números que están certificados, y si de repente metieron más que no estaban en la nómina que habilitó el ministerio, puede generar problemas”, analizó el jerarca ante una posible respuesta a por qué sucedió. En un comunicado emitido el pasado 14 de noviembre, Presidencia mostró “preocupación por el prolongado tiempo que los animales llevan a bordo” del buque y comprometió a “encontrar una solución urgente”. De acuerdo con el gobierno, la situación que afecta al buque no tiene origen sanitario, sino que responde a un diferendo comercial entre operadores privados. Las autoridades turcas dijeron a Uruguay que el procedimiento aplicado en Bandirma “siguió su normativa y controles habituales”. En tanto, Presidencia insiste en que “todos los animales embarcados cumplieron con los requisitos sanitarios exigidos para la exportación”. Según la Fundación para el Bienestar Animal (AWF), que exige el desembarco inmediato de los animales, 48 ya habían muerto la semana pasada. De acuerdo con la AWF y la ONG francesa Robin des Bois, la carga estaba destinada a los mercados de Turquía y Medio Oriente, incluido Israel.
Vacas de origen uruguayo varadas en Turquía. Foto: Animal Welfare Foundation

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) emitió un comunicado este lunes tras el hallazgo de 300 kilos de cocaína en Bélgica, dentro de un contenedor cargado con arroz que había sido embarcado en Montevideo. El comunicado de la DNA indica que se "puso en manos de la Fiscalía toda la información sobre la incautación de cocaína en el puerto de Amberes, Bélgica, que llegó a dicho país por vía marítima en un buque de la empresa Grimaldi, Grande Nigeria, y que había salido del puerto de Montevideo en un contenedor de arroz". Según se detalló, el cargamento "fue escaneado y estaba sin contaminar al momento de su partida". El barco zarpó el 4 de octubre de 2025 desde la Terminal de Lobraus en Montevideo, llegando a Amberes el 7 de noviembre. "La droga incautada fue encontrada en la puerta del contenedor, totalizando 381,48 kg en modalidad rip off", se precisó. La DNA afirmó que "el 30 de setiembre el contenedor fue sometido a control no intrusivo por selección de riesgo y no se identificaron marcas sospechosas ni irregularidades en la estructura del contenedor. La morfología de la carga correspondió con lo declarado, el tiempo de viaje estuvo dentro de los parámetros establecidos y la factura no tuvo observaciones". Además, el 3 de octubre "se realizó un control de rutina por parte de la División Control de Cargas, con apoyo de la Prefectura Nacional, a los vehículos, nuevos y usados, a embarcar en el buque GRANDE NIGERIA, con resultado negativo. Esta clase de operativo permite un menor margen de tiempo para realizar la contaminación de la carga en puerto". El Grande Nigeria arribó a Amberes el 7 de noviembre, luego de hacer escala en los puertos de Zárate, Paranaguá, Santos, Río de Janeiro, Tenerife y Hamburgo. Según la DNA, "factores tales como la ausencia de irregularidades en el escaneo oportunamente realizado con resultado negativo, las diversas escalas posteriores a su salida del puerto de Montevideo, aunados a la habitualidad de las operaciones de comercio exterior del operador, permitirían inferir que los contenedores habrían sido contaminados durante su tránsito a Bélgica, con posterioridad a su salida del puerto de Montevideo".

El dueño de la agencia Transhotel, que estafó a más de 700 personas, fue condenado a 24 meses de prisión después de que el fiscal Fernando Romano realizara un acuerdo abreviado, informó la Fiscalía General de la Nación. El dueño de la empresa de turismo cumplirá su condena con libertad a prueba, que incluye 10 meses de tareas comunitarias y fijación de domicilio. Los ilícitos por los que se lo condenó fueron apropiación indebida y cheques sin fondo. En agosto de 2022, el Ministerio de Turismo informó que recibió 60 denuncias por presunta estafa en contra de la agencia de viajes Transhotel, en reclamo por servicios de viaje y de hotelería pagos y que no fueron brindados. Luego se multiplicarían. En aquel entonces, la cartera señaló que se intimó al titular de la empresa para que se presente ante el ministerio. Al mismo tiempo, se corroboró su estado operativo y se pudo constatar que la empresa cerró el 22 de agosto de 2022. Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), había dicho en declaraciones a radio Universal que la situación lo tomó por sorpresa. "Conozco bien al director de esa empresa, es un trabajador de esos incansables. Siempre ha sido una persona de bien. El concepto que puedo transmitir es que empresarialmente pudo haber sido una de las empresas más golpeadas por la pandemia", señaló. En octubre de 2024, el Ministerio de Turismo comenzó a pagar la devolución de dinero a los casi 700 damnificados por el cierre de la agencia de viajes Transhotel. Según informó El País, la devolución del dinero sale del seguro de garantía obligatorio que tienen con el Banco de Seguros del Estado (BSE) este tipo de empresas. En total, el monto a pagar es de unos US$ 160.000, por lo que, al dividirse entre los damnificados, cada uno de ellos recibe el 15,58% del monto intimado a la empresa (ese porcentaje de lo que pagó por el pasaje). Transhotel. Foto: archivo

Sobre las 03:44hs, un llamado al 911 alertó sobre un incidente en un boliche de la avenida Joaquín de Viana, notificando que una mujer se encontraba descompensada. Al llegar los efectivos, la mujer manifestó sentir picazón en su garganta y dificultad para respirar, alegando que en el local habían utilizado gas pimienta. La víctima informó que había otras personas afectadas. Si bien no realizó la denuncia penal, fue trasladada al MSP. En declaraciones a FM Gente, la mujer relató los hechos: "Cuando quisimos acordar, toda la gente empezó a salir de dentro del boliche porque habían tirado gas pimienta". "Empecé a toser y a sentirme horrible", agregó, explicando que "una chica se desmayó, y el guardia de seguridad la sacó para afuera". La afectada describió la severidad de la situación: "Se me empezaba a cerrar el pecho, quería hacer fuerza para poder respirar y no podía. Llegué con una crisis al hospital… me pusieron oxígeno y una vía para tratar de bajar un poco el nivel de tanto gas", sostuvo. Concluyó su relato con un tono conciliador: "No tengo nada contra el local, ni contra el dueño, ni contra nadie. Pero el episodio que pasó no lo quiero volver a vivir", lamentó. La principal teoría que se maneja, según el citado medio, apunta a que el gas habría sido lanzado por el dueño de otro local, con el fin de quitarle público.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, realizó una puesta a punto sobre las denuncias del gobierno uruguayo contra el astillero español Cardama, luego de que el presidente Yamandú Orsi decidiera rescindir el contrato por más de US$ 92 millones. El dirigente del Movimiento de Participación Popular expresó la intención del gobierno uruguayo de "revisar muchos aspectos del contrato" firmado durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou. "Nos generan dudas un montón de situaciones que son extrañas", añadió Sánchez. El jerarca cuestionó la contratación de la certificadora Lloyd por parte de Cardama con "plata del Estado", afirmando que "hay muchas cosas para rediscutir y poder reacomodar esta situación para preservar los recursos que ya pusimos y por qué lo que queremos es tener OPV [buque de patrulla oceánica]". Sánchez enfatizó que el Estado debe analizar "componentes" del contrato con el astillero español. En primer lugar, se refirió a la "compra directa" que el gobierno anterior ponderó en lugar de una "licitación que decidió dejar desierta". "Fue por un camino de compra directa y trae a este astillero, que no tiene experiencia en construir este tipo de embarcaciones. Sí tiene muchos años, pero no experiencia en construir este tipo de barcos", sostuvo, calificando la construcción de Cardama como un "prototipo". El secretario de Presidencia también criticó la administración de Lacalle Pou por no realizar "los controles que merecía". "Tenemos la situación de una garantía que es trucha, que ya está demostrado y que la empresa nunca existió", insistió. Recordó que en contrataciones uruguayas "el contrato comienza a estar vigente una vez que se constituye la garantía", añadiendo que "no es un problema accesorio. Sin garantía, no tendría vigencia el contrato". Sánchez indicó que Cardama "demoró 11 meses en poder constituir garantías", y explicó: "Anduvo buscando por todos lados y nadie se la daba porque tenía un problema serio. Estaba construyendo algo que nunca había construido y si uno mira la facturación de Cardama de los últimos años, facturaba 8 millones de euros, y ahora 80". El pasado 23 de octubre, el gobierno presentó una denuncia civil y penal contra Cardama por la garantía que presentó en su contrato con el Estado uruguayo por más de US$ 92 millones. La polémica surgió tras el incumplimiento por parte del astillero español de los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, que eran de 45 días después de firmado el contrato. La empresa española debía construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga, destinadas a la Armada Nacional para "el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país". El gobierno de Yamandú Orsi informó que, inicialmente, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, equivalente al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó "sucesivas prórrogas", derivando en un "largo procedimiento". Ante esta situación, el gobierno contrató a un estudio jurídico inglés que constató que la gaceta oficial del Reino Unido había anunciado que la empresa que brindaría la garantía a Cardama estaba en proceso de liquidación desde el 19 de agosto de 2025. Además, según informó el semanario Búsqueda, la institución bancaria que respalda la garantía, Eurocommerce Bank, cambió su dirección a 85 Great Portland Street en Londres, Reino Unido. El citado medio informó que otras empresas tienen sede en esa dirección y que al menos tres de ellas fueron señaladas por incumplimientos de las normas antilavado en ese país por las autoridades competentes.

El gigante naviero Maersk realizó un reporte sobre la coyuntura de los puertos de América Latina, en el que señala la presión operativa en algunas de las terminales, como Santos, Montevideo y Río Grande. "Las operaciones en Montevideo se han reanudado tras varios días de huelga debido a la superposición de las llegadas de los buques y el retraso en el tránsito por el canal; sin embargo, la productividad del atracadero permanece en aproximadamente el 50%, afectada por la implementación continua de nuevos sistemas", dice el informe fechado el 7 de noviembre. "Montevideo opera actualmente bajo una regla de primera entrada, primera salida hasta que la línea se estabilice (2-3 días de tiempo de espera para buques en ventana) y Río Grande sigue estando muy restringido, operando únicamente en condiciones de BW, sin una recuperación significativa esperada antes de finales de año", agrega el informe. El informe también aborda distintos cuellos de botella que enfrenta el sector marítimo, y uno de los aspectos mencionados es que los equipos de logística comenzaron a integrar grandes modelos de lenguaje para simular escenarios de demanda y de ese modo poder optimizar los flujos de inventario mucho antes de la temporada alta. "Las empresas de Argentina, Brasil y Colombia están mejorando la precisión de las previsiones de la demanda y reduciendo los ajustes de última hora que antes llevaban a ineficiencias y a un aumento de los costos", dice el reporte.

El pasado 27 de octubre, en declaraciones al semanario Búsqueda, el escribano español Luis Calabuig de Leyva soltó una bomba en el caso de las patrulleras oceánicas encargadas por Uruguay al astillero gallego Cardama. En aquel entonces, el notario señaló que era “posible” que su firma, incluida en un “acta de manifestación” presentada por el astillero, fuera una falsificación. Ese documento acompañaba la garantía de fiel cumplimiento emitida por la firma británica Eurocommerce Bank, banco que se reveló como una empresa falsa y cuya falta de actividad hizo que recientemente se la retirara de los registros comerciales del Reino Unido. Un día después de sus declaraciones, el escribano presentó una denuncia policial en España y ahora cuenta con un informe notarial que respalda de forma categórica sus sospechas. El 8 de noviembre, el gobierno uruguayo recibió un informe de 43 páginas elaborado por el notario madrileño Ignacio Martínez-Gil. En el documento, analizado por el periódico La Diaria, el profesional concluye que las copias del acta entregadas por Cardama al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) son “absolutamente falsas” y no fueron expedidas “por ningún notario”. En su informe, Martínez-Gil no oculta su sorpresa por lo burdo de la maniobra ni por el hecho de que semejante documentación siguiera su curso. De hecho, califica al acta como una “clara falsificación” realizada por alguien “absolutamente ignorante” de la legislación notarial española, tanto por los errores formales como por el tipo de documento utilizado. Según Martínez-Gil, bastaba una “lectura superficial” para advertir el modus operandi detrás de la maniobra. Asimismo, afirmó que en su “larga vida profesional” nunca había visto un acta de manifestaciones con esas características. El informe analizó cuatro dimensiones de la garantía de fiel cumplimiento presentada por Eurocommerce: la validez formal de las actas, los aspectos sustantivos, la eficacia del testimonio notarial del aval y el derecho del MDN a requerir copias al notario que supuestamente autorizó el documento. Las conclusiones están siendo estudiadas en el MDN y en Presidencia, y serán incorporadas esta semana a la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos, a cargo del fiscal Alejandro Machado. Antes, durante la negociación con el astillero, el estudio Delpiazzo Abogados advirtió reiteradamente a la anterior administración del MDN sobre “desprolijidades” en la documentación aportada por Cardama, incluida la copia del acta con la presunta firma de Calabuig de Leyva. Pese a ello, el gobierno avanzó con la adquisición de las dos embarcaciones, valuadas en 82 millones de euros. Al validar la garantía presentada por Cardama, las autoridades del MDN aceptaron un acta de manifestación en la que supuestamente Calabuig certificaba que Francisco Sabater Cabanes se había presentado en su estudio para asegurar que Alex Walsh tenía “facultades suficientes” para firmar el aval en nombre de Eurocommerce. Ese aval, superior a cuatro millones de euros, era indispensable para habilitar el pago de la primera cuota del contrato concretado en diciembre de 2024, cuyo monto era de unos ocho millones de euros. Para Martínez-Gil, el objetivo del acta era “reforzar la apariencia de regularidad” de la operación, pero la falta de conocimiento de la normativa notarial española llevó a utilizar un documento “poco propicio a sus aviesas intenciones”. El notario expresó sorpresa ante el contenido del acta: “En toda mi larga vida profesional he visto un acta de manifestaciones con este contenido. Ni siquiera se explica por qué el otorgante está, a su vez, en condiciones de emitir ese juicio”, escribió. El informe detalla que el procedimiento habría consistido en “extraer o desgajar” el último folio de una copia auténtica expedida por Calabuig de Leyva para luego adherirlo a un documento falso impreso en papel timbrado ordinario “elaborado ad hoc por el interesado”. Durante el análisis, encontró, además, un elemento que calificó como “sorprendente”: el acta tiene fecha del 25 de noviembre de 2024, pero las copias presentadas ante el MDN figuran como expedidas el 26 de noviembre. Y, pese a ello, el documento sostiene que ya se habían emitido otras dos copias el 14 y el 18 de noviembre, lo que el notario consideró “ontológicamente imposible”. “No cabe expedir copia de un documento no otorgado y que todavía no existe”, indicó, reforzando la tesis de la falsificación. Al finalizar, Martínez-Gil afirma que el MDN está “plenamente legitimado” para solicitar información al supuesto notario autorizante, Calabuig de Leyva, quien tendría interés en colaborar para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Todavía no está claro, subraya, qué otras personas pudieron haber intervenido en la maniobra.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez, impulsor de un proyecto de ley sobre transparencia en el manejo de fondos sindicales, ha requerido información detallada para conocer "la magnitud económica" de las cuotas sindicales en el sector público. Este pedido surge en un contexto marcado por recientes controversias, como las irregularidades detectadas en la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que llevaron a la expulsión del dirigente Jorge Fogata Bermúdez, y el desvío de fondos del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), un caso que ha resultado en condenas y continúa siendo objeto de investigación. Los datos recopilados a través de los informes solicitados por Gurméndez revelan que, en mayo de este año, se retuvieron más de $ 41 millones (aproximadamente US$ 1 millón) en concepto de cuotas sindicales directamente de los salarios de los trabajadores. Este análisis abarca el 58% de los funcionarios públicos, dado que algunos ministerios no respondieron a la solicitud de información. Entre los organismos relevados, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) – que engloba Primaria, Secundaria, UTU y el Consejo de Formación en Educación – transfirió cerca de $ 12,9 millones (US$ 309.697) a los sindicatos, provenientes de las cuotas de 24.022 afiliados. Además, la información recabada destapó que, en varias instancias, los pagos se efectuaron directamente a cuentas bancarias pertenecientes a personas físicas, generalmente tesoreros de gremios con un número reducido de afiliados. Se identificó incluso un caso de pago en efectivo a gremios de la Dirección Nacional de Casinos. El alcance de la información obtenida comprende datos de ministerios como Salud Pública, Educación y Cultura, Economía, así como de varios organismos descentralizados, incluyendo la Universidad de la República (Udelar), el Banco de Previsión Social (BPS) y Antel. A modo de ejemplo, el MSP transfirió alrededor de $ 8,2 millones (195.688 dólares) a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), mientras que la Udelar, con 12.809 trabajadores afiliados, giró aproximadamente $ 5 millones (121.877 dólares). No obstante, la obtención de información no estuvo exenta de obstáculos. El Ministerio del Interior, ANCAP y UTE no respondieron a las solicitudes realizadas. Por su parte, el Banco República (Brou) y el Banco de Seguros del Estado (BSE) invocaron la ley de protección de datos personales, una justificación que, según Gurméndez, no debería aplicarse en este contexto.

La Armada Nacional desplegó un helicóptero de la aviación naval, una aeronave de ala fija y una lancha tipo protector en respuesta a una emergencia médica a bordo del buque San Juan, de bandera liberiana. Un tripulante de 42 años, de nacionalidad india, presenta un cuadro de “posible ACV”, según informaron desde la dependencia del Ministerio de Defensa Nacional. El buque San Juan se encuentra “fondeado” en la sala de servicio del antepuerto de Montevideo, en las cercanías de la Isla de Flores. La Armada Nacional está evaluando las opciones para la evacuación del tripulante. Se consideran dos alternativas principales. Si la evacuación se realiza por aire, el tripulante será trasladado en helicóptero directamente al Hospital Policial, que cuenta con un helipuerto. Esta opción permitiría una atención médica más rápida. La segunda alternativa implica una evacuación por agua, trasladando al tripulante al Puerto de Montevideo. Desde allí, sería derivado a un centro de atención médica. La decisión final sobre el método de evacuación se tomará en función de la condición del tripulante y las condiciones meteorológicas. El objetivo principal es garantizar la pronta atención médica del hombre de 42 años. La Armada Nacional continúa evaluando la situación y coordinando los recursos necesarios para llevar a cabo la evacuación de manera segura y eficiente. Se espera que en las próximas horas se determine el procedimiento a seguir para el traslado del tripulante al centro asistencial correspondiente.